El establecimiento de un régimen de responsabilidad de los servidores públicos ha sido una preocupación constante de todo sistema democrático constitucional, y una de las características esenciales de todo estado de derecho. La aspiración de los mexicanos en este sentido se ha reflejado, con mayor o menor acierto, en todos y cada uno de los documentos constitucionales que, desde nuestra lucha por la independencia, nos han regido. La actuación ilegal de los malos funcionarios, al quedar impune constituye un acto pernicioso, se traduce en pérdida del consenso colectivo. Por mandato de la Ley Suprema los depositarios de los poderes públicos son responsables de la misión que les ha sido conferida. Cuando un servidor público incumple el desideratum colectivo incurriendo en acciones ilegales, debe ser sancionado. El orden normativo de nuestro país ha regulado la responsabilidad de los funcionarios públicos lo mismo desde su más alto plano, el constitucional, que en el de las leyes secundarias.