La doctrina y la jurisprudencia mexicana, han sostenido tradicionalmente que dentro del marco de la legitimidad constitucional, el ejercicio de la potestad reglamentaria pertenece de manera exclusiva al Presidente de la República y que ningún otro órgano del gobierno puede ser titular legítimo de esa potestad. A pesar de ello, en nuestra realidad normativa se observa la existencia de una gran cantidad de instrumentos de naturaleza jurídica reglamentaria que son expedidos por los más diversos organismos y que regulan jurídicamente numerosas materias. El propósito de este trabajo es, en consecuencia, cotejar las concepciones doctrinarias relativas a la titularidad de la potestad reglamentaria con los datos que ofrece la realidad fáctica del instituto, para de este modo ofrecer una explicación teórica del fenómeno.